Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) se ha convertido en una prioridad para el mundo empresarial. Marcar unos determinados topes a los sectores más contaminantes es primordial para cumplir con los objetivos climáticos de la UE de alcanzar una reducción de GEI de, al menos, un 55 % en 2030 (con respecto a los niveles de 1990) y alcanzar las cero emisiones netas en 2050.
A tal fin nació el comercio de derechos de emisión, una herramienta determinante a la hora de gestionar y reducir las emisiones de CO2 que, además de promover una economía más sostenible, demuestra entre sus participantes una responsabilidad social corporativa intachable.
¿Qué es un sistema de comercio de emisiones?
Un sistema de comercio de emisiones es un mecanismo de mercado diseñado bajo una premisa muy clara: el que contamina, paga. Su objetivo es reducir los GEI estableciendo el límite máximo (techo) que determinadas instalaciones o sectores, como centrales eléctricas, plantas industriales o compañías aéreas, pueden emitir a la atmósfera.
¿Cómo funciona el sistema de comercio de emisión?
Para entender cómo funciona este régimen de comercio hay que saber que los derechos de emisión son transmisibles (se pueden comprar y vender) y cada uno permite arrojar a la atmósfera una tonelada de CO2 .
Los derechos de emisión se asignan a los participantes en el sistema de forma gratuita o, en su defecto, deben comprarse a través de subastas o a otras empresas que redujeron sus emisiones y tienen derechos sobrantes.
Las empresas deben monitorear sus emisiones y, al final de cada período (normalmente, un año), entregar suficientes derechos como para cubrir sus emisiones. Si una empresa emite de más, deberá comprar derechos adicionales, pero si emite menos de lo permitido, puede conservar sus derechos sobrantes (para cubrir futuras necesidades) o venderlos a otra instalación que no tenga suficientes.
Este sistema fomenta la reducción de emisiones dañinas a la vez que incentiva la inversión en tecnologías más limpias. Además, establece un marco regulatorio que garantiza el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones establecidos por la normativa comunitaria y española.
